pesca ilegal

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) hace estragos en todo el mundo. Su amplitud y sus consecuencias medioambientales, económicas y sociales son de tal calado que se ha convertido en uno de los problemas internacionales prioritarios a resolver. Ese tipo de pesca contribuye de hecho a agotar los recursos pesqueros mundiales y pone en peligro las medidas de protección y de reconstitución adoptadas para garantizar la sostenibilidad de esos recursos. También es causa de una competencia desleal frente a los que explotan los recursos legalmente, lo cual tiene repercusiones muy negativas en la actividad y el bienestar económico y social de esos pescadores, animándoles a su vez a no observar las normas. Su incidencia es tal que daña considerablemente a las actividades económicas de los pescadores comunitarios y puede también poner en peligro las condiciones de supervivencia de las comunidades costeras de los países en desarrollo.

Ya se han adoptado medidas muy rigurosas contra esa plaga por parte de las autoridades europeas e internacionales y las organizaciones regionales de pesca (ORP). Sin embargo, esas medidas deben ser reforzadas continuamente, en especial para hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por la globalización del comercio, así como a la organización cada vez más compleja de esas prácticas. La pesca ilegal se ha convertido en una actividad que utiliza medios muy diversos para disfrazarse y evitar los controles, de forma que cada vez se parece más a las actividades criminales organizadas, como el tráfico de drogas o el contrabando.

Ésa es la razón por la que la Comisión Europea propone nuevas iniciativas para reforzar la lucha contra la pesca INDNR. En octubre de 2007 se han presentado una Comunicación y una propuesta de Reglamento. Ambos documentos son el resultado de una amplia consulta pública finalizada el 12 de marzo de 2007, que ha permitido tener en cuenta las observaciones y propuestas de las partes implicadas. Las propuestas realizadas por la Comisión y sus posibles consecuencias se han considerado a la luz de un estudiode evaluación del impacto.

Tras su adopción por la Comisión, las propuestas se transmitieron al Consejo y al Parlamento Europeo. La aprobación de esas propuestas (posiblemente modificadas) es competencia del Consejo y del Parlamento Europeo

por bruno huertas calcina